El 1 de noviembre pasado se celebraba en Argelia el 50 aniversario del inicio de la Guerra de Independencia. Una guerra que se prolongaría durante más de 7 años y que finalizaría con un balance de prácticamente 1.000.000 de muertos y con un país completamente destrozado que debía empezar a organizarse.
Optando por un modelo socialista, se iniciaría la reconstrucción del país con la aprobación por referéndum de una Constitución, y escogiendo Ahmed Ben Bella como Presidente de la República por sufragio universal en 1963.
Era el proceso de reconstrucción de un Estado que, pese a ser frágil, estaba basado en principios democráticos, y que hacía crecer la participación popular. Pero al mismo tiempo, también aumentaba el malestar en la cúpula de un ejército que no aceptaba subordinarse a las instituciones políticas y que acusaba al gobierno de practicar un “socialismo poco científico”.
De esta forma, el 19 de julio de 1965, el General Houari Boumedienne pondría fin a esta etapa, dando un golpe de estado y edificando un Estado dirigido y al servicio de una élite militar que consolidaría la opción socialista de partido único, con carácter presidencialista y con evidentes carencias constitucionales. Además, se daría una aproximación a la URSS y se adoptaría un modelo de industrialización similar al soviético, con una especialización en los hidrocarburos que supondría el derrumbamiento de la agricultura.
Con la muerte de Boumedienne en 1978 y el ascenso al poder de Chadli Benjedid, se darán una serie de cambios en la política del país. Éste se vio obligado a emprender una perestroika a la argelina para luchar contra una profunda crisis social, política, económica y cultural, que se produjo en la década de los 80.
Así, durante los primeros años de su mandato, llevará a cabo una liberalización económica y política destinada a mejorar la situación, y se dará cierta relajación en el control sobre las corrientes islámicas.
Aprovechando este contexto, los islamistas pudieron concentrarse en su proyecto de reconquistar la fe religiosa y convertirla en un elemento autónomo del Estado mediante la creación de centenares de nuevas mezquitas al margen de las estatales, e incrementando la actividad religiosa en las universidades (islamización desde abajo).
Es así como los islamistas aparecieron como el único movimiento político con capacidad de movilización, dedicándose a canalizar la protesta de a pie y a reivindicar la apertura democrática, mientras el gobierno se erosionaba sin poder encontrar una solución a la crisis.
En febrero de 1989 se adoptaría, después de un referéndum, una nueva constitución que abriría las puertas al pluripartidismo, dando paso a la creación del Frente Islámico de Salvación (FIS) el 10 de marzo y a su legalización el 14 de septiembre.
Desde su nacimiento, el FIS se situó como primera fuerza política y social del país. Además, se proclamó legítimo heredero de la revolución argelina, y se apropió del lenguaje unitario y hegemónico del movimiento de liberación que supuso el Frente de Liberación Nacional (FLN) en la Guerra de Independencia.
El 12 de junio de 1990 se celebrarían las primeras elecciones con un marco mínimo de libertades democráticas, que darían una victoria contundente al FIS al hacerse con más de la mitad de los ayuntamientos del país, con las alcaldías de la mayoría de las ciudades medianas y consiguiendo buenos resultados en las capitales importantes.
Este voto masivo era el fruto de recoger las frustraciones sociales y del deseo de justicia tras el fracaso del modelo socialista y de las reformas de Benjedid.
Ahora, la nueva estrategia pasaría por acorralar el gobierno exigiendo la celebración de elecciones legislativas y el adelantamiento de las presidenciales, convencidos de que de esta manera su victoria les supondría un mayor poder de decisión.
La primera vuelta de las elecciones legislativas se dará el 26 de diciembre de 1991, y el FIS volverá a obtener un éxito contundente en hacerse con 188 escaños de los 430 posibles, seguido por el Frente de Fuerzas Socialistas (FFS) de tradición bereber con 25 y el FLN con 16.
La celebración de la segunda vuelta, que se debía efectuar en enero de 1992, daría muy probablemente las 2/3 partes del Parlamento al FIS, hecho que le permitiría modificar la Constitución de 1989, establecer legalmente una República Islámica y, lo más preocupante para el ejército, cambiar la estructura social y económica de la que se beneficiaban desde 1965.
De esta manera, el 12 de enero de 1992, el ejército apostaría por el golpe de estado y concluiría la experiencia democrática en Argelia, entrando así dentro de una dinámica infernal de represión y de atentados terroristas.
Mientras que el ejército formará “grupos de autodefensa rural”, distribuyendo armas por todo el país y militarizando la sociedad, los grupos armados islamistas intensificarán la violencia que cada vez será más indiscriminada. Entre estos tenemos los Grupos Islámicos Armados (GIA), Movimiento Islámico Armado (MIA), y el Ejército Islámico de Salvación (EIS), la rama militar del FIS.
Es así como, desde el golpe de estado de 1992, Argelia padece una guerra civil encubierta, una guerra civil sin nombre que no ha sido reconocida como tal y que ha causado más de 150.000 muertes. La respuesta de la diplomacia internacional será el silencio, legitimando así una situación de violaciones de derechos humanos, abusos, y práctica de guerra sucia de cualquiera de los poderes enfrentados.
¿A qué se debe esta despreocupación internacional? La respuesta la encontramos en la trascendència de Argelia para la UE y para los EEUU.
Para la UE, la importancia radica básicamente en dos causas: la dependencia energética respecto del gas natural y el espectro de la emigración masiva en Europa. En cuanto a la primera, destacar que el 70% del gas natural consumido en España proviene de Argelia, porcentaje que llega al 100% en el caso de Portugal y al 55% en Italia. En el resto de la UE, la dependencia del gas argelino es menor debido al gaseoducto que proviene de Siberia y al gas de los Países Bajos, pero aún así tiende a aumentar cada año.
La segunda causa es un tema clave para la política de la UE que ve como un régimen militar fuerte y represivo en Argelia controlaría la emigración, además de reprimir los movimientos islamistas que se podrían propagar por la zona.
Por otro lado, EEUU siempre ha tenido contratos petroleros en Argelia y, a raíz de los atentados del 11-S, el régimen argelino es un ejemplo de lucha contra el terrorismo, proliferando los acuerdos de venta de armamento entre los dos países.
Un intento de poner fin al conflicto se daría en enero de 1995 con el denominado Contrato de Roma, un documento firmado por la práctica totalidad de la oposición democrática argelina con el FIS incluido. El objetivo era establecer un diálogo como paso previo a una etapa de transición “hacia la democracia”. Pese a este intento, el ejército no aceptó el diálogo con los islamistas y contraatacaría políticamente convocando elecciones presidenciales que ganaría Liamine Zeroual en noviembre del mismo año.
¿Qué buscaba el régimen con estas elecciones? Primero, hacer olvidar las de 1991, obteniendo más legitimidad política de cara a la opinión pública internacional y poder hablar de “normalización”, palabra clave ligada a más créditos e inversiones extranjeras. Segundo, la recomposición del paisaje político nacional, apoyándose en unas fuerzas políticas escogidas como adversarios dóciles.
Ya en 1999, el régimen argelino decidirá cambiar de presidente y el escogido será Abdelaziz Bouteflika que, en abril del mismo año, propondría la Ley de Concordia Civil. Ésta fue aprobada en referéndum popular y pretendía la reinserción civil en la sociedad de los miembros de los grupos armados.
En un principio, los dirigentes del FIS aceptaron la propuesta, pero 6 meses después, y debido a que las promesas del gobierno no se harán realidad, su apoyo incondicional se transformará en un rechazo total.
La Concordia Civil terminaría fracasando debido a su dimensión más jurídica que política, y por no identificar ni responsabilidades dentro del drama argelino, ni fórmulas para la paz.
Actualmente, y pese a la disolución
del EIS en enero del 2000, el conflicto se perpetúa con un ejército
que no acepta ningún diálogo con los islamistas, y con unos grupos
terroristas que han hecho de sus prácticas una forma de vida y que cada
día amplían sus filas reclutando jóvenes sin futuro en
las grandes ciudades del país. Un conflicto poliédrico en el que
la situación se encuentra enquistada, sin un proyecto político
claro ni por parte del régimen militar ni por parte de la oposición
islamista, y donde se hace cada día más difícil encontrar
soluciones que den respuesta a los diferentes problemas.