Sáhara Occidental, la cuestión eterna

El 26 de febrero de 1976, los últimos soldados españoles abandonaban el Sáhara Occidental y aquella misma noche, en plena invasión militar marroquí, el Frente Polisario proclamaba la constitución de la República Árabe Sahraui Democrática (RASD). Había empezado la Guerra del Sáhara. El inicio de la guerra supuso el exilio de una gran parte del pueblo del Sáhara Occidental, que fue bombardeado por la aviación marroquí mientras se trasladaba hacia los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia). Fueron las primeras víctimas de una guerra que ha provocado miles de muertos, que ha supuesto una pesada carga para la economía de Marruecos y su salida de la Organización para la Unidad Africana (OUA) cuando ésta reconoció a la RASD en 1984; que ha desestabilitzado la economía y la política mauritana -país que ha conocido dos golpes de estado directamente relacionados con el conflicto- y que ha contribuido a enrarecer las relaciones intermagrebís durante las dos últimas décadas. En 1988 las partes aceptaron el Plan de Paz que propuso la ONU. Este Plan contemplaba un alto el fuego (efectivo desde 1991), la presencia de cascos azules, y la celebración de un referendum de autodeterminación previa identificación de los votantes, tarea que se encargó a la Misión de Naciones Unidas para el Referendum en el Sáhara Occidental (MINURSO). El objetivo fundamental del plan era permitir al pueblo saharaui ejercer su derecho -reconocido por el derecho internacional- a la libre autodeterminación, sin restricciones militares o administrativas, optando por la independencia o por la integración en Marruecos, de acuerdo con las resoluciones emitidas por el Consejo de Seguridad desde 1960. Ya queda lejos el año 1992, primera fecha para la que estaba previsto el referendum. La elaboración del censo ha sido siempre el caballo de batalla de ambas partes.

Un nuevo informe del Secretario general de la ONU del 7 de diciembre, ha vuelto a poner en tela de juicio -una vez más- la celebración del referendum, previsto para julio del 2000. Según Kofi Annan, la previsible avalancha de recursos que se producirá cuando se publique el nuevo censo (diciembre de 1999), hará imposible cumplir el calendario. Para Kofi Annan el referendum no se podrá celebrar antes del 2002 e incluso más allá de esa fecha. En la actualidad existen 79.000 reclamaciones contra la exclusión del primer censo electoral, redactado por la MINURSO. Durante el mes de abril de 1999, la ONU negoció con las dos partes (Marruecos y el Frente Polisario) dos protocolos para poner fin y agilizar el problema de las reclamaciones. Esta solución consistía en sólo aceptar aquellas reclamaciones que presentaran documentación o prueba sustancial nueva y, además, un aumento de los efectivos para la Comisión de Identificación. Según el Frente Polisario esta cuestión quedaría solucinada si la ONU hiciera cumplir dichos requisitos estrictamente, ya que haría imposible la aceptación de gran número de recursos.

En el momento actual el problema se emmarca entre la ONU y Marruecos. La ONU, la UE -y sobretodo España- deberán variar radicalmente su condescendencia hacia las maniobras dilatorias del régimen Alauita, si no quieren ver como se les responsabiliza del progresivo deterioro de la situación en los territorios ocupados (represión, detenciones arbitrarias, desapariciones, etc.). Mohamed VI, por su parte, debe trasladar su retórica de cambio en Marruecos a los hechos. Cualquier proceso de democratización real de Marruecos debe pasar necesariamente -entre otras muchas cosas- por una solución de la cuestión del Sáhara de acuerdo con la legislación internacional, es decir, por la aceptación de un referendum de autodeterminación libre y con garantías para el pueblo saharaui.

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