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Lo que se conoce como la segunda Intifada, o la Intifada
de Al-Aqsa (Al-Aqsa es el nombre que reciben los lugares santos
musulmanes), no responde más que a una situación
explosiva que se remonta a la creación del estado de Israel en 1948, y
que se agrava paulatinamente ya sea con la ocupación militar israelí de
1967 o con la intifada de 1987. En este sentido, son numerosas las resoluciones
de Naciones Unidas que se han hecho eco de esta situación y vienen
pidiendo reiteradamente desde hace 34 años, aunque sin éxito alguno, la
retirada de las tropas israelíes de las zonas ocupadas en el 67. Por su
lado, también son numerosas las organizaciones de defensa de los derechos
humanos que reiteradamente a lo largo del tiempo vienen denunciando las
agresiones y violaciones de los derechos humanos que la población
palestina sufre. Pese a los esfuerzos que parte de la sociedad
civil israelí y palestina hace para tender puentes de diálogo entre
estas comunidades, la situación degenera inexorablemente atizada por
políticos oportunistas y por la percepción cierta, para muchos palestinos,
que las salidas negociadas son inviables. El proceso
de acercamiento entre israelíes y palestinos, que se inicia en 1991
con la Conferencia de Madrid, es el primer paso en un período de
negociaciones que culmina en 1995 con el tratado de Oslo. En dicho tratado
se establecía la retirada progresiva, a través del sistema de zonas, de
las fuerzas armadas israelíes y de los colonos de los territorios ocupados de
Gaza y Cisjordania. Sin embargo, en Oslo no se preveía la retirada total
de las fuerzas israelíes. Se acordaba la presencia y las competencias de
fuerzas armadas y colonos israelíes en zonas consideradas prioritarias
para Israel –por razones de estratégicas relacionadas, por ejemplo, con el
control de los acuíferos o por cuestiones de seguridad-. También se dejaba
paso a la creación
de la Autoridad Palestina (y a un incipiente sistema de gestión
administrativa propia) que, por razones extrínsecas e intrínsecas, no
acaba de funcionar y cuyos déficits democráticos son más que patentes.
Oslo fue acogido por muchos palestinos como una opción
para una vida digna, alejada de la ocupación militar permanente, de la
dependencia administrativa israelí, en resumen, del control de la vida
cotidiana. Sin embargo, no consiguió la unanimidad de todos los actores
políticos y armados ni israelíes ni palestinos. Estos últimos concebían
este acuerdo no sólo como una traición sino como un mal acuerdo que, al
margen de las limitadas competencias atribuidas a las instituciones
palestinas, también dejaba de lado temas importantísimos, postergados
hasta la definición de un estatus final de los Territorios Ocupados.
Dichos temas eran: Jerusalén, las ubicaciones
militares israelíes, los asentamientos de los colonos judíos, los refugiados,
la definición de las fronteras y las relaciones exteriores. La evolución de la situación política palestina desde
Oslo nos permite señalar la variedad de posiciones que existen respecto al
proceso y método de negociación con Israel. Dichas posiciones se
encuentran inmersas en un sistema político que no admite o que limita, en
el mejor de los casos, la pluralidad política. En este sentido, se debe
resaltar la creciente importancia de grupos como Hamas,
que gracias a su actividad política y social (esta última se hace más
evidente ante la escasa red de instituciones de bienestar creadas por la
Autoridad Nacional Palestina), logran un impacto y una movilización social
progresiva. Ésta se alimenta de la falta de expectativas de una población
cuya mayor esperanza es recuperar su propio territorio, un derecho
reconocido internacionalmente y negado insistentemente por Israel y por
las potencias, especialmente Estados Unidos, de las que recibe un apoyo
casi incondicional. Hecho éste último se ha potenciado con la llegada de
George Bush a la Casa Blanca y con los atentados del 11 de Septiembre de
2001. Los atentados del 11 de Septiembre han sido utilizados
por el gobierno israelí como justificación para ‘aplastar’ el terrorismo
palestino a través de una confrontación desigual de fuerzas. Estas
acciones, llevadas a cabo con fuego artillado (misiles lanzados desde
helicópteros) y con la presencia y ataque de tanques, etc se han
focalizado en Gaza y Cisjordania. En un principio tienen dos
consecuencias, ambas graves. Por un lado, dichas acciones están afectando
a la población civil palestina. Se calcula que al menos 409 palestinos (en
su gran mayoría civiles y entre los que se encuentran niños) han perdido
la vida entre octubre de 2000 y junio de 2001, según datos de B’Tselem. Y, por otro lado, con los
ataques a los edificios de las instituciones de la Autoridad Palestina se
lanza un mensaje claro, particularmente a Arafat. En estos momentos,
además, se plantea la cuestión de la sucesión política en el liderazgo de
la Autoridad Palestina que coincide con la radicalización tanto palestina
(liderada por Hamas y la Jihad Islámica) como israelí, esta última
encabezada por Ariel Sharon y por los grupos ultra que lo apoyan.
En especial el gobierno de Sharon, tal y como
anteriormente hicieron sus homólogos del Likud, en especial, Benjamin
Netanyahu, no sólo han contribuido a la paralización de lo acordado en
Oslo sino que han propiciado y fomentado la involución de lo hasta el
momento conseguido y, por ende, de la dinámica de negociación. Es
ilustrativo que ante la expectativa de acuerdos con la parte palestina -el
intento más reciente tuvo lugar en enero de 2001 en Camp David bajo
mandato del laborista Barak- la respuesta de los partidos políticos
israelíes (en especial de los ultraortodoxos
y del Likud) fuera la de rechazo total y absoluto. Dicho rechazo se
materializó en un vacío político, que en el caso de Barak, le obligó a
convocar elecciones anticipadas. Independientemente del color del primer ministro
israelí, lo cierto es que la situación de la población palestina ha estado
y continúa estando, en la mayor parte de los casos, condicionada por la
aplicación de políticas restrictivas y discriminatorias. En este sentido,
cabe precisar que la situación de los palestinos que viven en los
territorios ocupados y también en el interior de Israel ha sufrido un
grave deterioro. Numerosos son los casos de violaciones
de los derechos humanos que tienen como víctimas a personas palestinas
y como agresores a colonos, al ejército o a la administración israelí,
pero también a la Autoridad Palestina (y, en concreto, a sus servicios de
seguridad) denunciados por ONGs israelíes, palestinas e internacionales.
El uso de leyes (relacionadas con la construcción de
nuevas viviendas) totalmente discriminatorias y orientadas a la expulsión
de palestinos de la zona este de Jerusalén o los cierres de Gaza y
Cisjordania (recordemos, territorios ocupados por Jerusalén ilegalmente
–hecho este último reconocido en todos los foros internacionales, entre
ellos Naciones Unidas-) son ejemplos de las múltiples agresiones que el
estado de Israel, así como el ejército de este país y los aparatos de
seguridad y la administración, algunos de sus políticos y parte –que no
toda- de la sociedad civil están llevando a cabo contra la población
palestina. Esta población sufre, por un lado, una situación de
desigualdad patente respecto a Israel y los israelíes y, por otro, una
situación de descontento generalizado que afecta especialmente a los
ámbitos político y económico. El descontento en la esfera política es
consecuencia de la falta de democracia que caracteriza el sistema político
palestino, que se puede tachar de personalista y clientelar; también es
consecuencia de la extensión de la corrupción a todos los niveles
(favorecida tanto por la creación de redes clientelares tuteladas
directamente por el ‘estado’ como por la lamentable situación económica de
los territorios) y por la represión que los propios cuerpos de seguridad
palestinos ejercen sobre la población. Dicha represión se debe entender en
dos sentidos: como medida para contentar las demandas de seguridad
israelíes y/o como acciones llevadas a cabo con el objetivo de controlar a
la oposición –democrática o armada- palestina. Numerosos grupos de defensa
de los derechos humanos han denunciado y continúan denunciando las
violaciones de los derechos humanos cometidas por los cuerpos de seguridad
palestinos. En el ámbito económico, se debe resaltar la situación de
depauperación progresiva provocada, principalmente, por los cierres
temporales (ya sean parciales o totales) que el ejército israelí lleva a
cabo. En un primer momento, los cierres se pensaron desde Israel como una
medida extraordinaria a aplicar en los territorios ocupados. Sólo se
podría aplicar esta medida en situaciones de crisis o tragedias. Pero son
periódicos y se pueden justificar en función, entre otras cosas, de los
atentados terroristas registrados en Israel, así sucedió en el período
1994-1996, y así sucede desde en el estallido de la segunda Intifada. La
función del cierre, en estos casos, se justifica como un mecanismo que
dota a la población israelí de cierta seguridad. Pero los cierres pueden
ser utilizados, tal como señalan algunos estudiosos, como Sara Roy, como
instrumento de presión de Israel hacia la Autoridad Nacional Palestina
para que ésta acepte ciertas condiciones económicas y conseguir, de esta
manera, posponer cuestiones de tipo territorial o político.
Una de las principales consecuencias de los cierres es
la imposición de restricciones en la libertad de movimiento tanto de
personas como de bienes materiales en Gaza y Cisjordania. Esta restricción
tiene como resultado más evidente la imposibilidad del mercado de proveer
a la población de aquello que necesitan, pero también implica el aumento
del paro (ya que un porcentaje importante de la población palestina
trabaja en Israel) o el incremento de los precios.
El empeoramiento de la situación económica y política
genera, obviamente, reacciones en la población palestina. Según la
encuesta realizada en julio de 2001 por el Palestinian Center for Policy and Survey
Research (PSR), el 50% de los palestinos entrevistados apoyaban tanto
la aceptación de la Autoridad Palestina del informe
Mitchell como el proceso de alto el fuego, el 63% de los encuestados
estaba a favor del retorno a las negociaciones. Por otro lado, ante la
posibilidad de un fracaso de las negociaciones, un 60% de los
entrevistados apoyaría el retorno a las confrontaciones armadas. Según el
PSR, el apoyo palestino a un ataque armado sería resultado de tres
factores: ‘La mayoría de los palestinos, ponen el objetivo ‘finalización
de la ocupación’ en el primer lugar de sus prioridades, y muchos creen que
las negociaciones no tendrán éxito,
muchos creen también que los ataques armados han conseguido, y
continuarán consiguiendo en el caso de volver a ellos, la consecución de
los derechos nacionales palestinos en caso de que las negociaciones no
fueran exitosas’. En esta situación, marcada, entre múltiples elementos,
por la ocupación ilegal y por la fuerza de un territorio y por la
percepción de la población de que las negociaciones políticas no conducen
más que a una situación caracterizada por la falta de expectativas y de
futuro, es que debemos contextualizar esas crudas imágenes que nos llegan
a través de la televisión. Pero también es importante que recordemos que hay
personas en Israel, en Gaza y en Cisjordania, que creen en la salida
pacífica al conflicto y que están trabajando –en muchos casos
conjuntamente- para conseguir la paz. Este trabajo abarca diferentes
ámbitos, ya sea el de la educación en derechos humanos, el de la
información, el análisis crítico y constructivo o el de la denuncia de
violaciones de derechos humanos. Y aunque sus acciones no son
espectaculares, existen. Y mientras existan aún quedará un espacio de
libertad y de intercambio, un espacio de diálogo, un espacio de esperanza.
Más información sobre el conflicto israelo-palestino
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