LOS OLVIDADOS DE COLOMBIA

La población civil es la principal víctima de las "violencias" que azotan Colombia desde hace décadas. La confrontación entre guerrillas y paramilitares, la lucha por el control de la tierra y los recursos naturales han provocado oleadas de desplazados. En 1995 hubo cerca de 90.000 desplazados y en 1996 ya eran más de 181.000. Las zonas de origen de estos desplazados son Antioquia, César, Córdoba, Santander, Sucre y Caquetá. El 70% de la población desplazada son mujeres, y jóvenes menores de 18 años. Las causas de los desplazamientos según Amnistia Internacional son muy diversas y pueden variar en las diversas regiones; pero la causa principal de desplazamiento es la existencia de conflicto armado en la zona.

Según indica Amnistía Internacional el 35% de los desplazamientos son provocados por las organizaciones paramilitares, el 17% las fuerzas armadas y la policía, y el 24% la insurgencia; pero estos datos sólo explican el 76% de los desplazamientos. La otra cuarta parte es causada por la extrema pobreza rural que lleva a sectores de la población a trasladarse a los suburbios de las ciudades.

Durante las décadas de los 80' y 90', los gobiernos colombianos han tratado de ignorar la situación de desplazamintos de gran parte de la población. En 1995, ante la gravedad de la situación, el Gobierno creó la Consejería para la Atención de la Población Desplazada por la Violencia. Pero en la práctica se ha avanzado poco. La ineficacia de los programas de asistencia para la población desplazada y la descoordinación entre los diferentes niveles de gobierno, han provocado un aumento de planes de emergencia de diferentes ONGs y paises para ofrecer la asistencia necesaria a esta población desplazada.

La población desplazada es una consecuencia más del clima de violencia que vive el país. Durante 1998 y según el Informe del Observatorio de Derechos Humanos de Colombia, 1.131 civiles murieron en 194 masacres registradas, 103 de éstas , provocadas por los paramilitares - principalmente por las autodefensas repartidas por todo el país-, y el resto atribuidas a la guerrilla - principalmente las FARC y en menor medida por el ELN-. La guerrilla es responsable de numerosas violaciones del Derecho Internacional Humanitario, entre ellas, el asesinato arbitrario de civiles, desapariciones forzadas y el secuestro de numerosas personas - la denominada pesca milagrosa -. Por otro lado, las incontables violaciones de los Derechos Humanos llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad del Estado y los paramilitares se han visto reforzadas por la total impunidad con la que éstos actuan. En el caso de los paramilitares, han recibido en muchas ocasiones, y así ha sido denunciado por diversas ONGs, el apoyo por acción o por omisión de las fuerzas de seguridad.

Por otro lado, las violaciones de los Derechos Humanos realizadas directamente por los militares a penas son llevadas ante la justicia, y cuando es así, quedan exclusivamente en manos de tribunales militares. Las condiciones de impunidad han contribuido a la ampliación del fenómeno de la violencia en lo que se ha llamado "limpieza social" y que afecta a sectores sociales consideradas como "desechables" (indigentes, niños de las calles, homosexuales, etc.)

Todo ello presenta un panorama extremadamente complicado para la mayoría de la población colombiana, atrapada entre una espiral de violencias y un estado a medio construir (o destruir). En las condiciones actuales el país sólo podrá salir de esta situación mediante una doble vía: la negociación política con los actores del conflicto para silenciar los fusiles y la elaboración de un "pacto social" en el que quepan todos los colombianos.

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