Guerra sucia en Chiapas
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El discurso oficial del gobierno del presidente mexicano, Ernesto Zedillo, está lleno de referencias al diálogo, a la paz y al respeto a los pueblos indígenas de México. Un importante número de ejemplos de este discurso se puede encontrar en la sala de prensa virtual de la presidencia del gobierno, en la que se hace referencia, entre otras cosas, a las grandes inversiones públicas que está llevando a cabo el Estado Federal en Chiapas para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes a través del Fondo Nacional de Empresas Sociales (FONAES).
Pero esta política de imagen contrasta con los hechos que relatan los zapatistas y las comunidades que sufren el fustigamiento del ejército federal y de los grupos paramilitares. También organismos de derechos humanos, cuya credibilidad está fuera de toda duda, como el Comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos o Amnistía Internacional han denunciado la situación de violencia sistemática que se vive en el Estado chiapaneco.
Algunas informaciones periodísticas también reflejan una realidad diferente a la descrita por el gobierno mexicano. Detrás del discurso oficial se esconde una guerra silenciosa, olvidada por los grandes medios de comunicación, un proceso de militarización del Estado de Chiapas que hace que el conflicto esté lejos de solucionarse mediante una salida pacífica y dialogada.
Desde la revuelta zapatista de enero de 1994, en la que se reivindican los derechos indígenas, se ha producido una intensificación de la presencia paramilitar y militar en el Estado sureño. La militarización, es decir, la afluencia, permanencia y consiguientes actuaciones represivas y disuasorias de la Fuerzas Armadas Mexicanas en el estado, se une al incremento de las acciones de los grupos paramilitares que, según O.Hidalgo y G.Castro, autores de Militarización y Paramilitarización en Chiapas, mantienen relación directa con el ejército mexicano.
Mientras que el ejército mexicano se dedica a cuestiones del tipo guerra psicológica, guerra electrónica y demostraciones de fuerza, los paramilitares han pasado a ocuparse de las acciones armadas y directas contra el EZLN, contra sus bases de apoyo y contra la población civil. Los paramilitares aparecen, entonces, como el resultado de la necesidad de los gobiernos federal y estatal de equilibrar fuerzas respecto al grupo insurgente. De esta forma, estos grupos pasarían a jugar el papel que los militares no pueden realizar debido al grave desprestigio sufrido por sus violentas actuaciones contra la población chiapaneca. Éstos grupos son la vanguardia del ejército federal que los apoya logísticamente y les asegura una total impunidad en sus acciones.
Las consecuencias de la militarización son la sistemática violación de los derechos humanos llevada a cabo, principalmente, por grupos paramilitares y el desplazamiento forzado y masivo de la población. Los paramilitares son grupos de civiles armados al margen de la ley, que cometen actos delictivos para proteger intereses personales o caciquiles. Estos grupos tienen un antecedente directo en Chiapas en las llamadas guardias blancas. Según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, las guardias blancas aparecieron en el estado chiapaneco entre 1958 y 1964. Caciques y latinfundistas las contrataban como policias privadas para ejercer su control sobre las tierras y sobre los indígenas y campesinos que reclamaban algun derecho sobre ellas.
Los paramilitares retienen esta última característica de sus antecesores y aumentan el elemento del control sociopolítico. La mayoría de los integrantes de los grupos paramilitares son individuos afiliados o simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y estan patrocinados por funcionarios públicos deseosos de mantener el control político, económico y social a partir de mecanismos de terror.
En el informe de 1998 de los Centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Fray Bartolomé de las Casas, se afirma que la guerra de baja intensidad que sufre la población de Chiapas es conocida por los gobiernos estatal y federal. Este informe refleja cómo las instacias políticas contribuyen a la creación y apoyo de los grupos paramilitares con la finalidad de propiciar un clima de inseguridad social que conlleve la aceptación de la presencia militar como medida de protección. Consecuencias de esta situación son, además de las violaciones de los derechos humanos que sufre la población sospechosa de simpatizar con el EZLN, el deterioro del tejido asociativo y la imposibilidad de articular cualquier oposición organizada a las políticas oficiales emprendidas por el partido en el gobierno, el PRI.
El impacto político y mediático de las denuncias de diversas ONGs tanto mexicanas como extranjeras sobre las violaciones de Derechos Humanos en Chiapas y en el resto de México son dispares. Uno de los informes con mayor alcance internacional es el que realiza, desde 1998, la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), que presentará su informe correspondiente a 1999 ante el Parlamento Europeo el próximo 14 de diciembre.
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