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Los derechos humanos y su respeto son temas recurrentes y de referencia cuando
se habla del Estado de Israel y de los territorios àrabes que ocupa.
A continuación se expondrán algunas de las consideraciones más relevantes y
destacadas en relación a la situación de los derechos humanos en Israel, los
territorios ocupados, y las zonas bajo control de la Autoridad Palestina.
Asimismo, también se detectan casos de discriminación dirigidos hacia las mujeres, gays y lesbianas, y atentados contra el pluralismo religioso. Este es uno de los problemas contra el cual se han mobilizado numerosas organizaciones israelíes, que denuncian una imposición cada vez mayor de las premisas religiosas sobre la vida de personas que, o no creen o no son practicantes.
Según informes de la Coalición Israelí Contra la Demolición de Casas, las autoridades israelís han impuesto sistemáticamente en la región una estructura de ocupación, desplazamiento y separación para mantener el control sobre la zona. La Coalición afirma que las autoridades israelís habían confiscado decenas de miles de dunums (1000 m2) de tierras de cultivo. También afirma que desde 1967 han destruido más de 6.000 viviendas árabes en Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este. Además la Coalición denuncia la política israelí orientada a impedir que los palestinos obtengan sus permisos para construir casas, lo que ha obligado a muchos palestinos a prescindir de estos permisos. Según datos del ministerio de Seguridad Interna, en Jerusalén se han construido, durante los últimos 30 años, 35.000 viviendas para judíos y ni una sola para palestinos. En lo que llevamos de año 2003, cada semana se derrocan una media de 30 a 40 casas en los Territorios Ocupados (ver Electronic Intifada).
A los palestinos no se les dan permisos para construir, pero en cambio, los terrenos que ocupaban las casas palestinas demolidas son rápidamente repobladas por colonos judíos, o al menos, por casas destinadas a colonos. Como indica Human Rights Watch, una cuarta parte de las casas fabricadas a Cisjordania no han estado nunca ocupadas (ver galería de fotos de asentamientos).
Los cierres de los territorios ocupados, son considerados por el Relator Especial de Naciones Unidas como castigos colectivos. La política de cierres se inauguró en 1993, pero sus consecuencias negativas son especialmente visibles desde el año 2000. Éstos implican no sólo una limitación de la libertad de movimiento y una situación de clara discriminación, sino que tienen importantes repercusiones económicas (muchos palestinos trabajan en Israel o en los asentamientos israelís) y provocan un empeoramiento de las condiciones de vida de la población palestina. Esta política se ha vuelto mucho más dura desde el inicio de la segunda Intifada en septiembre de 2000. A mediados de 2003, organizaciones como Arij, o Passia, han denunciado que muchos palestinos se están marchando ante la imposibilidad de vivir bajo la ocupación israelí. Estas organizaciones alertan de que Israel está buscando precisamente esto, el nominado "transfer voluntario". La prohibición de tránsito, la usurpación de tierras, el crecimiento de los asentamientos y la presencia del Muro "de seguridad", que se está construyendo dentro de Cisjordania, no encima de la línea verde, está llevando a mucha población palestina ocupada al límite de la resistencia y la supervivencia.
Desde muchos puntos de vista, el cierre de los territorios es una forma de castigo colectivo que desde el gobierno israelí se justifica "por razones de seguridad", pero que va contra las leyes internacionales que el propio Estado de Israel ha firmado, y en concreto, contra el 4º Convenio de Ginebra de 1949 (Título III).
Hoy en día, Israel infringe el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, ratificado por este país en 1993. Según la Comisión de Derechos Humanos, la objeción de conciencia al servicio militar es un ejercicio del derecho legítimo a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. A pesar de esto en Israel la objeción de conciencia no está contemplada como causa de exención al servicio militar, pero en cambio sí se acepta como causa de exención la existencia de motivos religiosos. Así sucede, por ejemplo, con los israelíes que estudian en las yeshives o escuelas religiosas. Aquellas personas que se declaran objetoras de conciencia (WRI-IRG) son objeto de diferentes tipos de cargos que incluyen, incluso, penas de cárcel.
En otro ámbito, el Estado de Israel continua practicando la tortura y los malos tratos (AI) a las personas detenidas. Denciones arbitrarias en muchos casos, abuso de la detención administrativa, juicios sin garantías, asesinatos extrajudiciales, etc. Son diversos los organismos internacionales, palestinos (Palestinian Prisoner Society) (ver informe) e israelíes (BT'Selem) de defensa de los derechos humanos, que informan de la impunidad con que las fuerzas de seguridad israelíes actuan habitualmente. El Relator Especial de las Naciones Unidas, en su informe presentado en marzo de 2000 (I/CN.4/2000/25) (ver informes de 2002, 2003 y 2004 ), confirma la práctica de la tortura por parte de los Servicios de Seguridad israelíes. La tortura y los maltratos son acciones que llevan a cabo de forma sistemática los Servicios de Seguridad General (SSG) y en menor medida las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI ), tal y como lo recoge AI en varios informes. La tortura esta garantizada por ley en Israel, siempre se acompaña de una vigilancia médica de los detenidos para evitar la muerte durante la detención. Según AI, el método de tortura varía en función del estado de salud del detenido. Según AI, desde 1987, los SSG condujeron sus interrogatorios de acuerdo con una guía para el uso "de la presión moderada".
El uso de la tortura y de otras prácticas que violan los derechos humanos son justificadas por el gobierno israelí en cuanto que, como señala AI, "los detenidos son ‘terroristas’ y la presión física salva muchas vidas de los ataques terroristas".
Según el informe del Relator, entre las prácticas israelíes de presión se podía encontrar ‘el abuso de poder; la utilización de capuchas; la privación prolongada del sueño y la obligación de escuchar música a un volumen muy elevado; amenazas, incluidas las de muerte, etc’ (las fuentes palestinas también acusan de dar palizas y utilizar descargas eléctricas). Algunas de estas prácticas fueron declaradas ilegales por el Tibunal Superior de Justicia de Israel en septiembre de 1999 (inglés). Aún así, se dejó una puerta abierta al ejercicio de este tipo de prácticas. Éstas serían aceptadas sólo si eran autorizadas específicamente por disposiciones legislativas. También se prevé que las personas de los servicios de seguridad puedan aplicar las técnicas antes mencionadas en circunstancias extremas, es decir bajo su criterio y con total arbitrariedad.
Según Amnistía Internacional (AI), en los territorios ocupados la población palestina continua sufriendo detenciones ilegales y la incomunicación durante las mismas. Ambas actuaciones están reglamentadas en el Orden Militar Israelí 378. Del mismo modo, en las zonas B y zonas C (ver Memorándum de Sharm el-Sheikh) los servicios de seguridad israelíes actuan libremente, por ejemplo, imponiendo el toque de queda a discreción. Las detenciones administrativas y la presión aumentan cuando se producen atentados en Israel, así ocurrió en 1993 y los años siguientes. En la actualidad, y especialmente a partir de septiembre de 2000, las represalias han ido aumentado de grado hasta el punto de ocupar militarmente y bombardear zonas controladas por la Autoridad Palestina. Estas prácticas han estado denuciadas en repetidas ocasiones, incluso por la propia Unión Europea ( informe del 28 de marzo de 2001, en inglés). Las retiradas israelíes de territorios bajo control de la AP tienen más efecto mediático que real. La retirada de Bethelem producida en julio de 2003 tuvo un fuerte seguimiento mediático y un gran despliegue propagandístico, pero sobre el terreno no supuso ninguna mejora para la vida de la población palestina de Betlehem, Beit Jala o Bet Sahour. Este hecho fue constatado sobre el terreno por miembros del Observatorio Solidaridad.
Según AI, la detención administrativa ha sido un recurso muy utilizado desde 1993, y se aplica tanto a judíos (aunque muy pocos) como árabes, sobre todo a palestinos de Gaza y Cisjordania. La detención administrativa permite a las autoridades israelíes mantener detenido a un sospechoso sin presentar cargos concretos ni juzgarlo. Además, la detención administrativa se puede prorrogar indefinidamente. Según la Palestinian Prisoner Society (ver informe) durante la actual intifada han muerto 120 palestinos mientras estaban detenidos.
Según HRW, unos 100.000 palestinos han sido objeto de detenciones, de torturas y maltratos desde 1987 (inicio de la primera Intifada). También se han obtenido confesiones bajo tortura, que después se han admitido como válidas en juicios. Los juicios militares, que no obstante se han reducido, son un sistema que todavía está vigente, tal y como indica AI.
Segun señala AI, y los informes presentados por el Relator Especial ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas (Informe 2004), la brutalidad no se acaba en los SSG ni en las FDI, sino que también la policía, sobre todo en los puntos de control, golpea y trata de forma vejatoria a los palestinos. Circunstancias que se agrava en épocas de gran tensión. De hecho son numerosas las críticas a la actitud violenta y agresiva de los soldados en los checkpoints. Los controles y registros muchas veces se hacen de forma humillante y con una actitud poco respetuosa. De estas prácticas son testigos también, los cooperantes y trabajadores humanitarios extranjeros que operan en los territorios ocupados.
Con respecto a los asesinatos, denominados "selectivos", el número de este tipo de sucesos disminuyó con la llegada de los Acuerdos de Oslo, pero con el comienzo de la segunda Intifada, y el colapso del propio proceso de paz, han aumentado considerablemente. Han sido asesinados miembros de Hamas o de la Jihad Islámica, y otras facciones , e incluso a algunas personas favorables. Además otros personas han sido asesinadas por las FDI durante manifestaciones y disturbios, sobre todo durante la actual Intifada.
En muy pocos casos, las denuncias realizadas por maltratos, torturas, etc.
tienen como resultado la inculpación de los denunciados. Esto es así pese a
que las organizaciones
de derechos humanos tanto en Israel como en Palestina son muy activas
y denuncian los casos que les llegan.
La política de ocupación israelí que incluye, entre otras cuestiones, la creación y refuerzo de asentamientos de colonos, expropiaciones de propiedades de palestinos, así como la política de desalojos llevada a cabo por Israel en los territorios ocupados, representa una violación de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. En los últimos años, las autoridades israelíes han sembrado todo el territorio de carreteras que comunican dichos asentamientos entre ellos y con Israel. Esta carreteras dificultan aún más la movilidad de las poblaciones ocupadas y además compartimentan extremadamente el territorio comprometiendo muy seriamente la creación de un estado palestino soberano y autónomo. La continuidad territorial de las zonas controladas por la AP es imposible y la presencia de carreteras y de colonos impide el control palestino efectivo del territorio, y además, sirve de excusa a Israel, para mantener la presencia de su ejército.
Según el Informe del Relator Especial (I/CN.4/2000/25), Israel mantenía en 1999, 19 asentamientos
de colonos en Gaza -que ocupaban 23.000 dunum de tierras expropiadas-. En Cisjordania,
Israel contaba con 158 asentamientos y 16 en Jerusalén. Tal y como afirma el
Relator Especial, ‘estos asentamientos forzosos violan en particular el
artículo 49 del 4º Convenio de Ginebra, así como otras normas del derecho internacional’.
El ritmo de crecimiento de los asentamientos no refleja una disminución de éstos,
sino más bien al contrario. Según señala el Relator, el gobierno Barak
aprobó la construcción de casi 6.000 unidades de asentamientos en 1999, asimismo,
durante ese mismo año la población de colonos en Gaza y Cisjordania augmentó
un 12.5%.(
Informe 2001). Según el
Arij, a medios de 2003,
y según fotos de satélite, los asentamientos judíos en Cisjordania podrian
llegar a 400, y el número de colonos a más de 400.000.
Ante la situación de progresiva expansión de los asentamientos, se multiplican los enfrentamientos entre palestinos y colonos. Los primeros intentan frenar la expansión de los segundos por territorio palestino.
El medio ambiente. La política de expansión demográfica
de Israel ha propiciado la construcción de asentamientos en zonas estratégicas,
normalmente en zonas altas, dominando valles en los cuales vive población palestina.
Esta situación privilegiada ha contribuido a empeorar la calidad de vida de
los palestinos, que se ven directamente afectados por los residuos industriales
y las aguas residuales sin tratamiento, procedentes de los asentamientos de
colonos. Estos residuos se infiltran en los acuíferos y en las tierras cultivadas,
perjudicando la agricultura y la ganadería, sectores de producción de los cuales
dependen muchas familias palestinas.
Consecuencias sociales y psicológicas de la ocupación.
El 74 % de la población palestina (unos 3.150.000 personas aproximadamente)
que vive en los territorios ocupados por Israel no ha conocido nunca otro régimen
de vida que el existente. Según señala el Relator Especial en un informe
de marzo de 2000 (I/CN.4/2000/25, ver
últimos informes),
la implantación de asentamientos de colonos en Cisjordania y en Gaza no es aceptada
ni bienvenida por la práctica totalidad de la población palestina (afirmación
del todo previsible). Asimismo también se señala el impacto negativo que la
ocupación militar ha tenido sobre los habitantes de Cisjordania y Gaza. En los
territorios ocupados se han registrado muertes, heridos e incapacitados, como
resultado de la represión militar y policial israelí, y de los ataques de los
colonos contra la población palestina. Desde el inicio de la 2ª Intifada, en
septiembre de 2000, ya han muerto casi 2800 personas (más del 80% palestinas),
y se habla ya, a principios de 2003 , de más de 50.000 heridos. Por otro lado,
el control militar israelí de la franja de Gaza y Cisjordania
permite el cierre total de los territorios ocupados y el control absoluto de
las personas que van de una parte del territorio a la otra, intermediando permisos
de viaje y el establecimiento de controles (Checkpoints) que limitan la libertad
de circulación de la población palestina. Se continúan denunciando restricciones
a la salida de palestinos de los territorios ocupados, al retorno a los territorios
y a sus desplazamientos en sus adentros. También hay problemas con las tarjetas
de identidad. Esta limitación en la libertad de movimientos afecta negativamente
al funcionamiento del sistema sanitario y educativo en particular, y de las
instituciones políticas palestinas por lo general, etc. Sin duda las acciones
israelíes desde finales de 2001, con bombardeos directos sobre instalaciones
y edificios de la policía y las autoridades palestinas por parte del Ejército
de Israel (IDF), no están ayudando a mejorar la situación aquí expuesta ni el
clima bélico que preside la realidad cotidiana.
ARIJ - Applied Research Institute – Jerusalén. Eye on Palestine En inglés. Website dedicada a la monitorización de las actividades de los colonos israelíes en los territorios de Gaza y Cisjordania, así como Jerusalén. En esta página podréis encontrar informes y mapas actualizados sobre los asentamientos israelíes y su evolución, así como el impacto social, ambiental, etc de estos asentamientos sobre el territorio, la población, ... ARIJ además ofrece información sobre los proyectos de investigación que lleva a cabo (proyectos centrados en el agua, la biodiversidad, etc).
Autoridad Nacional Palestina
En inglés. Página oficial de la ANP en ella encontraréis información
sobre el proceso de paz, sobre la configuración política de la ANP, sobre la
economía palestina, la construcción del estado, discursos oficiales, asentamientos
judíos, etc. La destrucción de infraestructuras palestina durante la
actual intifada ha provocado que las páginas de la Autoridad Palestinas
no siempre funcionen correctamente.
La práctica de las detenciones ilegales que se realizaban bajo el control de las autoridades israelíes continúan dándose en aquellas zonas controladas por la Autoridad Palestina. Según AI, se pueden distinguir "tres categorías de detenidos políticos: los que son sospechosos de cooperación, pasado o presente, con los servicios de seguridad israelíes (...)"; entre éstos destacan los detenidos por cooperar con los israelíes por lo general y también aquellos que han vendido tierra a judíos. AI también diferencia entre "aquellos conocidos como prisioneros 'políticos', sospechosos de ser miembros de grupos como Hamas, Jidah Islámica o el Frente para la Liberación de Palestina (FPLP), opuestos al proceso de paz con Israel; y aquellos detenidos por criticar u oponerse a miembros de la AP ". Cada una de estas categorías recibe un trato diferente.
Aquellos que son acusados de colaboradores son, según AI, arrestados, incomunicados y torturados sistemáticamente durante largos períodos de tiempo. Algunas de estas personas torturadas han muerto en las dependencias de detención palestinas. No se conoce la existencia de ningún juicio a estos detenidos y muy pocos miembros de los servicios de seguridad son juzgados por haber maltratado o torturado a personas englobadas en esta categoría de detenidos.
La segunda categoría a la cual se refiere AI son los prisioneros "políticos". Los prisioneros "políticos" están arrestados durante horas, días o meses sin cargos, a veces no se les interroga y normalmente no sufren maltratos. Según AI, el trato a estos prisioneros depende de la presión que ejerza Israel sobre la Autoridad Palestina, pero también de la presión internacional y local.
En tercer lugar, se situan los críticos con la AP, entre los cuales se incluyen periodistas, defensores de los derechos humanos, etc. Aquellas personas que critican a la AP también son detenidas sin cargos, por lo general, no sufren torturas y son liberados a los pocos días, pero no siempre es así. En ocasiones se han denunciado las muertes de periodistas o defensores de los derechos humanos, presumiblemente a manos de las fuerzas policiales palestinas.
Tanto Human Rights Watch como AI denuncian los arrestos ilegales y arbitrarios perpetrados por las fuerzas de seguridad palestinas. En estas detenciones sin cargos se niega el acceso a una defensa legal y al contacto con los familiares.
Según AI, el uso de la tortura y los maltratos es generalizado en las fuerzas de seguridad palestinas, pero en particular, es utilizada por los Servicios de Seguridad Preventiva (PSS), por la Inteligencia General y por la Inteligencia Militar (en este último caso la práctica de la tortura es sistemática). Del mismo modo, AI señala la existencia de una tendencia a la disminución del uso de la tortura, y explica que esto es debido sólo a las presiones internacionales y locales.
Por otro lado, HRW denuncia la falta de garantías de los juicios y, por lo general, del sistema judicial, que no se puede considerar ni independiente ni efectivo, tal y como reflejan los informes de la Comisión Independiente Palestina para los Derechos de los Ciudadanos (inglés). El sistema judicial palestino no dispone de los recursos humanos ni materiales adecuados para llevar a cabo su labor de forma adecuada a los estándares internacionales. Los obstáculos del ejecutivo para aprobar una constitución que establecería las responsabilidades y obligaciones de las instituciones existentes, favorecen la no delimitación de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) y responsabilidades, y el predominio del poder ejecutivo sobre los otros dos poderes. Recordemos que la Autoridad Palestina no es uno estado, por lo tanto no dispone de la mayoría de instrumentos necesarios, ni la autonomía, para garantizar un funcionamiento ejemplar de sus instituciones. Aún así en materia de derechos humanos no podemos hacer excepciones ni buscar excusas.
En abril de 1995 se creó, mediante un decreto presidencial, la Corte de Seguridad Estatal. AI afirma que "las Cortes de Seguridad Estatal se utilizan habitualmente como un arma del ejecutivo para varias finalidades: para condenar a aquellas personas para las cuales Israel o los Estados Unidos piden una condena; para satisfacer las demandas de condena a miembros de los servicios de seguridad, por graves violaciones de los derechos humanos, y también son utilizados para amedrentar a defensores de los derechos humanos y otros personas criticas con la AP". Según AI, estos tribunales juzgan durante la noche, sin avisar a los abogados defensores, y en ocasiones sólo duran minutos. Además, no existe el derecho de apelación.
Según AI, "el número de posibles ejecuciones extrajudiciales y delitos de homicidio llevados a cabo por los servicios de seguridad palestinos han disminuido en los últimos cuatro años". Aún así, las ejecuciones extrajudiciales continuan. afectando sobre todo a aquellas personas acusadas de cooperación con Israel (colaboracionistas) o de haber vendido tierras a los judíos.
También han resultado víctimas de la violencia de las fuerzas de seguridad palestinas, militantes de fuerzas opuestas a los procesos de paz (tanto a Oslo como a la Hoja de Ruta). Simpatizantes de partidos de oposición, activistas de organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos que denuncien los excesos de la ANP, etc, padecen, en muchos casos, detenciones ilegales y acoso por parte de la policía.
AI afirma que, a pesar de su disminución, continuan produciéndose muertos como consecuencia de torturas y malos tratos. AI apunta que la causa de la disminución puede deberse, además de por la mejora de los entrenamientos y de las armas, a la presión internacional. También se continúan produciendo muertes como consecuencia de un "uso injustificado de la fuerza letal contra manifestantes". Asimismo, también se registran episodios de violencia en los puntos de control en las carreteras.
En otro ámbito, la libertad de prensa continúa estando restringida.
En muchos casos, los periodistas que critican a la Autoridad Nacional Palestina
son arrestados e interrogados, y los periódicos son cerrados por el gobierno.
Esto favorece un clima de miedo y autocensura denunciado por diversas ONGs,
entre ellas, Reporteros sin Fronteras o el
Comité para
la Protección de los Periodistas.
Amnistía Internacional (básicamente en inglés), aunque existe la posibilidad de encontrar algo en castellano.
Human Rights Watch En inglés, francés y castellano.
Grupo Palestino de Monitorización de los Derechos Humanos En inglés y árabe. Organización que monitoriza la situación de los derechos humanos en Gaza y Cisjordania. En su página web podreis encontrar interesantes informes relacionados con diferentes violaciones de los derechos humanos (derecho de expresión, derechos de los trabajadores, derechos políticos, etc). Los informes están actualizados.
Asociación Palestina para la Protección de los Derechos Humanos y del Medio ambiente LAW. En inglés. Organización creada en 1990 por un grupo de abogados focaliza su acción en la promoción de los derechos humanos y de los principios del estado de derecho. LAW proporciona asesoramiento legal y defensa a las víctimas de violaciones de derechos humanos tanto en Israel como en Palestina, también organiza fórums, conferencias, debates,... sobre temas de interés. En su página web encontraréis información sobre la situación actual de los derechos humanos en Israel y en la zona controlada por la ANP.
Comisión Palestina Independiente para los derechos de los Ciudadanos En inglés y árabe. Se autodefine como la primera institución nacional de derechos humanos en el mundo árabe. Su actividad gira en torno a la consecución del respeto por los derechos de los ciudadanos en Palestina a través del esfuerzo constante en el mantenimiento del respeto por el estado de derecho por parte de todas las instituciones oficiales.
Organización
Mundial contra la Tortura En inglés y castellano. la Organización Mundial
Contra la Tortura es una coalición internacional de ONGs que luchen contra la
tortura y otras formas de trato cruel e inhumano. Ponen en circulación comunicados
sobre torturas, ejecuciones sumarias, etc. también, organizan conferencias internacionales
y participan y organizan misiones de investigación.
Directorio de ONGs que trabajan
en Palestina En inglés. Esta página web realizada por la división de
Naciones Unidas para los Derechos de los Palestinos contiene un listado muy
extenso, agrupado por areas de actividad, sobre las ONGs que actúan en
Gaza y Cisjordania. Encontraréis organizaciones que trabajan temas de
agricultura, de promoción de la paz, solidaridad, defensa de los derechos humanos,
etc. Muy interesante y muy completa.