EL CONFLICTO DE PERÚ
| 1. El conflicto :
1.2 Origen y evolución del conflicto En las elecciones de 1980, que significaron la restitución del
sistema democrático tras dos décadas de gobierno militar,
fue elegido Presidente de la República Fernando Belaúnde
Terry. Con el gobierno de Acción
Popular , regresaban los partidos políticos al poder. El
nuevo gobierno debía poner en vigencia y aplicar la Constitución
de 1979, cuyo principal objetivo era llevar al país a un pleno
desarrollo democrático. Quedaba en manos del gobierno democrático
y del Parlamento, donde por primera vez estaban representados todos
los partidos, la responsabilidad de liderar la transición democrática.
El proyecto planteado en la Constitución quedó bloqueado
por el inicio de la violencia. El conflicto armado se inició el 17 de mayo de 1980 en Chuschi, Ayacucho. Este suceso inició un largo período de violencia, mayor que el sufrido por el Perú durante la Guerra de la Independencia o la Guerra con Chile por su extensión, la destrucción material y el costo en vidas humanas . según lo señala la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) en su informe final. Esta Comisión ha calculado que el número de víctimas podría ser de 69.280 personas. Al principio, el gobierno ignoró a la insurgencia, que actuaba en áreas remotas habitadas por indígenas. No fue sino hasta diciembre de 1982 que declaró el estado de emergencia en nueve provincias y puso esas regiones bajo control militar. Se mantuvo vigente el Decreto Ley firmado durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry que confería atribuciones especiales al Ejército para enfrentar la violencia armada en el país. En 1986 se produce el motín y la represión en tres penales de Lima ( El Frontón, Santa Mónica y Lurigancho), con un saldo muy alto de víctimas (Murieron como resultado de la intervención de las Fuerzas Policiales y de las Fuerzas Armadas aproximadamente 230 presos, la mayoría de ellos presos políticos) . El gobierno nunca asumió esta responsabilidad. El conflicto armado se extendió a todo el país en medio de una profunda crisis económica que no pudo ser superada por el gobierno de Fernando Belaúnde Terry y que se profundizó durante el gobierno del Presidente Alan García. La inflación, la hiperinflación, la recesión económica , el desempleo y el crecimiento de la pobreza fueron una constante. Además de la guerra interna que vivía el país, el Perú debió enfrentar dos conflictos armados con el Ecuador: el conflicto de la cordillera del Cóndor en 1981 (El 22 de enero de 1981, la cancillería del Ecuador denunciaba que un helicóptero del Ejército peruano había violado su territorio, en tanto el gobierno peruano denunciaba el ataque a una de sus aeronaves mientras realizaba una misión de abastecimiento a lo largo del río Comaina. El Presidente de la República, Fernando Belaúnde Terry ordenó la inspección del Río Comaina desde sus nacientes en el lado oriental de la Cordillera del Cóndor. Se comprobó la existencia dentro del territorio peruano de 3 destacamentos militares ecuatorianos con sus respectivas instalaciones. Este hallazgo deslindó la verdad de los hechos , el haberse designado con el nombre ecuatoriano de "Paquisha" el punto de incursión más profundo en territorio peruano, geográficamente ubicado al borde del Comaina y que, por razones obvias, ha entrado a la historia con el nombre de "Falso Paquisha") y la guerra del Cenepa en 1995. El acuerdo de paz firmado entre el Perú y Ecuador en octubre de 1998 puso término de forma global y definitiva a las discrepancias por límites. Hicieron su aparición en 1987 las bandas de paramilitares que contribuyeron a profundizar la violencia y la violación de los derechos humanos. El Perú, al finalizar la década de los 80, se encontraba en medio de una grave crisis de tipo político: la población había perdido confianza en los partidos políticos tradicionales. Así se abría el camino para los políticos independientes. A nivel social, uno de los efectos de la violencia fue el deterioro del tejido social y el debilitamiento de las organizaciones de base, que en las zonas de mayor conflicto casi desaparecieron. La década de los 80 terminaría con una población sin capacidad de respuesta organizada frente a la crisis que vivía el país. El proceso de migración que se desarrolló durante esta década ha sido de gran impacto en algunas regiones, así surgió el drama de los desplazados por la violencia político-social y la desorganización de las comunidades. 1.3 Causas del conflicto Factores de violencia estructural ( extrema pobreza como resultado de la exclusión política (Son poblaciones marginadas, no participan en la toma de decisiones políticas de sus gobiernos locales, o son indocumentadas sin capacidad para participar en ningún proceso eleccionario que les permita elegir a sus representantes), económica (incapacidad de percibir ingresos, a la no participación en actividades productivas y el no poder acceder a bienes y servicios) y social (La dimensión social de la exclusión se refiere a los aspectos de integración y equidad: igualdad de oportunidades, en el acceso a servicios sociales básicos de las poblaciones principalmente indígenas de regiones como Ayacucho, Apurimac, Huancavelica o las comunidades amazónicas de Junín. Estos servicios son la salud, educación, saneamiento básico, vivienda y nutrición necesarios para garantizar una mínima calidad de vida para toda la población. Otros factores que afectan son el racismo, el centralismo, la discriminación de las mujeres, de los niños, de los ancianos. La discriminación afecta negativamente la autoestima de las personas que experimentan la exclusión social y cuyos derechos humanos no son respetados). En términos políticos, la causa del conflicto armado ha sido, como lo señala la CVR la decisión del PCP Sendero Luminoso de iniciar una guerra popular ( según el modelo de Mao Tse Tung) contra el Estado peruano. Esta guerra interna tuvo como principal víctima a la población civil y generó las condiciones para una de las épocas más violentas de la historia del país. La ausencia de una salida política al problema de la violencia armada, hizo que el Gobierno encargara a las fuerzas armadas la lucha contra las fuerzas subversivas. A finales de 1982, Fernando Belaúnde Terry tuvo que involucrar al ejército en las labores de contra insurgencia. En junio de 1983 declaró el Estado de Emergencia y la suspensión de las garantías constitucionales. También se solicitó la pena de muerte para los reos por delitos de terrorismo. Esto hizo más compleja la situación del país en materia de derechos humanos. Esta política fue continuada por el gobierno de Alan García Pérez en 1985 y por Alberto Fujimori en 1990 y el 2000. La violencia en el país, circunscrita en su mayor parte a las zonas rurales en un primer momento, no tuvo la debida atención de la opinión pública nacional de las zonas urbanas del país. Los sucesos de Uchuraccay y el incremento de la violencia en Lima y otras ciudades del país lograron una mayor preocupación y compromiso de la opinión pública nacional para luchar por la pacificación del país.
1.4 Consecuencias Como resultado de la violencia durante las décadas de 1980 y 1990, se desplazaron entre 600 mil y un millón de personas, de acuerdo con varias estimaciones (según datos del informe del Comité Internacional de la Cruz Roja de 2003). Más de 69 mil personas murieron o desaparecieron. Las poblaciones campesinas indígenas fueron afectadas de forma desproporcionada por el conflicto, representando el 70% de los desplazados internos, principalmente de los departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Apurímac y de la Sierra Central. El informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, publicada en agosto del 2003, reconoce como víctimas de guerra a la totalidad de los 600 mil desplazados internos durante el conflicto y pide que se les otorgue una amplia reparación como parte del proceso de reconciliación nacional. A su vez, en mayo del 2004,se adoptó una ley que por primera vez reconoce la situación especial y las necesidades particulares de los desplazados internos. Tal y como concluyó la Comisión de la Verdad y Reconciliación en su informe, en el contexto peruano el desplazamiento de personas fue un fin en sí mismo, una estrategia ejecutada por los bandos en guerra con el propósito de alcanzar sus objetivos militares. Hubo personas que se vieron obligadas a huir debido a ataques directos, o a la persistencia de la violencia generalizada que les impedía cubrir sus necesidades mínimas.
Considerada como un avance en el reconocimiento de los derechos de
los desplazados internos en Perú, la nueva ley entró en
vigencia en mayo 2004. Ésta reconoce por primera vez la situación
especial de las personas víctimas del desplazamiento interno,
y los problemas específicos a los que se enfrentan. La ley, que
ha sido adoptada en seguimiento a las recomendaciones de la Comisión
de la Verdad y Reconciliación, refleja los Principios Rectores
sobre Desplazamiento Interno de la ONU al definir el derecho de los
ciudadanos a la protección contra el desplazamiento forzado,
y a recibir asistencia durante el desplazamiento, el reasentamiento
y el retorno. Pone énfasis en la responsabilidad del Estado en
la prevención de estos desplazamientos, particularmente en el
caso de las comunidades indígenas debido a los particulares lazos
que los unen a sus tierras ancestrales.
5. Derechos humanos y refugiados:
6. Mapas: |