El Tratado de Libre Comercio (TLC) fue impulsado por el presidente republicano de los EUA George Bush en 1992. En ese momento Clinton lo desacreditó públicamente diciendo que debilitaría las condiciones laborales y ecológicas de los EUA y de Méjico. Pero las grandes multinacionales tenían muchos intereses en este tratado. Para éstas, Méjico no es importante por su mercado, sino por ser una cantera de mano de obra barata. Lo que parece muy claro para los sindicalistas de todos los países es que el TLC supondrá una pérdida de puestos de trabajo o, al menos, una reducción de la capacidad adquisitiva de la fuerza de trabajo. Pone de manifiesto esto el hecho de que las maquiladoras del norte de Méjico (empresas de acoplamiento ubicadas en zonas francas que perfeccionan productos norteamericanos que una vez acabados se devuelven a los EUA sin pagar aranceles) no han repercutido en una mejora de la calidad de vida de los/as trabajadores/as de aquellas zonas.
Méjico es un sistema político con
escasos derechos laborales y civiles y es ideal para la descolonización
industrial de muchas empresas norteamericanas. Las necesidades de las grandes
multinacionales norteamericanas harán que éstas presionen
para que no haya cambios en profundidad en materia de derechos laborales.
Así, una vez elegido, el candidato demócrata Bill Clinton,
que había condenado el TLC en 1992, no le dio marcha atrás.
Influenciado por el ala derecha de su partido, por el Partido Republicano
con que necesariamente tenía que pactar en el Congreso para llevar
a cabo las leyes y, finalmente, por los intereses del gran capital, Clinton
renunció a cambios en profundidad del TLC. La razón principal
fueron las reglas del juego político del sistema americano, es decir,
la necesidad, por parte de Clinton, de negociar leyes clave como la reforma
sanitaria. Así, el modelo de TLC adoptado, un modelo neoliberal,
ha supuesto el aumento de las diferencias económicas en Méjico
y un considerable incremento del paro, cosa que ha significado el agotamiento
de este modelo económico y la respuesta de la sociedad civil, que
se ha ido articulando en contra de estas políticas.