Este artículo se estructura en tres partes que nos aproximan a la realidad actual de la región sudamericana. Para el autor, América Latina se dirige hacia un desarrollo diferente de todo lo conocido en el pasado. El orden político emergente, aunque liberal y democrático, puede regir sociedades que serán fuertemente elitistas y socialmente bastante regresivas. Así, los regímenes civiles surgidos en los 80, a partir de dictaduras militares, han conseguido un cierto grado de estabilidad institucional y de consolidación, aunque todavía han de superar graves desafíos económicos. La limitada recuperación económica regional ha originado inquietantes dudas relativas a las consecuencias sociales y políticas de la reestructuración neoliberal.
Los últimos análisis comparativos de las reformas económicas en la región han mostrado que hay pocas diferencias entre países en cuanto a los resultados económicos. Aun así, sí que ha habido diferencias en cuanto a la adopción de estrategias macroeconómicas. Así, las elites de regímenes democráticos consolidados o regímenes autoritarios estables han adoptado estrategias ortodoxas de estabilización y ajuste estructural orientadas a la desregularización del mercado. Estos regímenes han priorizado la acumulación de capital basada en la inserción del país en una economía mundial más competitiva y orientada hacia las exportaciones.
Por otra parte, los regímenes en transición democrática han adoptado estrategias heterodoxas para encarar los desafíos de la deuda externa, el estancamiento y la hiperinflación con la esperanza de conseguir una rápida reactivación económica sin la profunda recesión y los altos costes sociales asociados a las estrategias ortodoxas. Un tercer grupo de países adoptó políticas de estabilización a corto plazo con estrategias heterodoxas (Plan Austral en Argentina...). Éstos dieron lugar a transformaciones estructurales mayores, consideradas como prerequerimientos para un modelo de acumulación neoliberal y liberalizador de mercados, es decir, tuvieron resultados macroeconómicos catastróficos que llevaron a planes más severos y con costes sociales más altos.
I. “Lógica macroeconómica, actores colectivos y lucha distributiva” La exposición de la lógica de las crisis de la macroeconomía latinoamericana y de los consiguientes conflictos estratégicos entre los principales grupos colectivos puede ser importante a la hora de explicar la dinámica de la hiperinflación y, sobre todo, las conductas especulativas a nivel microeconómico que acompañan a un agudo incremento de las restricciones internacionales y locales. La reducción de las opciones estratégicas por diferentes grupos socioeconómicos implica que gobiernos de diferente color político tengan que emprender proyectos de reestructuración neoliberal. A grandes rasgos, esto es lo que ocurrió en la región durante la década de los 80.
A finales de la década perdida, la espiral de la crisis ya era demasiado compleja. El ingreso por cápita en la región cayó a niveles conseguidos quince u ocho años antes; cerca de un 40% de latinoamericanos/as vivía en condiciones de pobreza. Los grandes superávits comerciales generados por el proceso de ajuste interno que se impuso en los diversos países, no supuso una reducción del déficit en la balanza de pagos. Esto se debía, principalmente, a una continua acumulación de la deuda externa, a la que contribuían igualmente la fuga masiva de capitales y la caída de los precios de las materias primas (uno de los principales productos comerciales del área). El crecimiento de la deuda tuvo que ser asumida por el Estado, con la consiguiente crisis fiscal, que se afrontó a través de la emisión de deuda pública a corto plazo y fuertes intereses. Los altos intereses y las fluctuaciones del ingreso real de los diversos grupos supusieron el paro, la recesión y la hiperinflación. Esta última fue consecuencia de políticas de bajo coste social, especialmente en países donde se produjo una fuerte resistencia de las clases medias (Argentina, Colombia o Méjico).
Así, los diferentes gobiernos afrontan actualmente circunstancias que pueden dar origen a una reducción del bienestar colectivo de la sociedad. Las complejas relaciones comerciales han tentado a los diferentes grupos sociales a provocar que sean otros los que paguen las consecuencias de la crisis. Este comportamiento de no-cooperación supone que los grupos con menos poder soporten las consecuencias más duras de la recesión. Esto es lo que ha ido pasando en muchos lugares. Por ejemplo, en Méjico algunos individuos específicos han conseguido recompensas por negarse a considerar una menor inflación como un bien público. Es decir, en Méjico, como en otros países, los/las empresarios/as con un gran margen de utilidad empresarial dependen más de la especulación financiera que de la comercialización de sus productos. Así, no es sorprendente que algunas empresas y algunos grupos económicos tengan un interés racional en oponerse activamente a políticas diseñadas para aportar estabilidad monetaria.
Todo el mundo trata de descargar los costes de la estabilización y del ajuste estructural sobre los otros, sobre los grupos desorganizados o sobre el Estado. La consecuencia de esto es fundamental para la consolidación de las democracias. Los intentos de pacto social o de concertación como complementos de mecanismo tradicionales de representación impiden la consolidación de un compromiso de clases democrático. Ese conflicto enmascara un hecho central: el fortalecimiento de la acumulación de capital privado y el debilitamiento correspondiente de la capacidad estatal para regular la economía y para hacer de mediador en los conflictos sectoriales e interclasistas.
I.“Diferentes caminos hacia la reestructuración neoliberal” En los diferentes países de América Latina se implementaron diferentes planes para restablecer el bienestar y frenar la crisis. Argentina y Brasil, como los planes Austral y Cruceiro, respectivamente, son dos ejemplos de intento de conseguir un pacto voluntario entre el capital y el trabajo. Pero según el autor, estas soluciones, impuestas desde el Estado, fueron fracasando gradualmente debido a la baja articulación institucional, que hizo que los diversos grupos presionaran para conseguir desviar sobre los otros las consecuencias de la crisis. En Argentina desembocó en el triunfo de Menem, que supuso la adopción de una política ortodoxa y un plan de austeridad con un alto coste social, pero que frenó la hiperinflación. En Brasil han fracasado estas políticas ortodoxas y la inflación ha resurgido de manera considerable.
En otros países, se han adoptado caminos diferentes que han llevado inexorablemente a la adopción de políticas neoliberales. En Chile, el neoliberalismo fue impuesto pro el sanguinario golpe de Estado de Pinochet en 1973. La creciente consolidación del régimen democrático actual (aunque con la tutela del ejército), el crecimiento económico estable y el fuerte apoyo electoral a la coalición de gobierno, hacen de Chile el ejemplo de gobierno democrático liberal de la región. En Méjico la situación no es tan positiva. Los costes del “pacto de solidaridad” impuesto por el gobierno de Salinas han repercutido básicamente en los/las trabajadores/as, los/las campesinos/as y los sectores de clase media y media-baja. Con la política económica de Salinas se ha conseguido restaurar la gobernabilidad, pero las consecuencias sobre la liberalización política y la democratización no han existido. Los hechos de Venezuela en 1992 (intento de golpe de Estado) indican que en democracias consolidadas el neoliberalismo y las medidas de ajuste provocan fuertes oposiciones y advierten de los peligros de la desconsolidación democrática. Otro hecho que indica esto fue el golpe cívico-militar de Fujimori en Perú. Lo que ha pasado en este país no es un hecho casual, ya que se está observando la afinidad entre estilos políticos autocráticos y el llamado “consenso de Whasington” de reformas liberalizadoras del mercado. Este pacto, según Smith, supone la merma de las instituciones representativas, la personalización de la política y la generación de un clima en el que la política se reduce a la búsqueda de la salvación.
III.”Privatización y elitización” Las consecuencias políticas y sociales de estos proyectos continúan siendo altamente discutibles. La viabilidad política doméstica de las reformas liberalizadoras de mercados será determinada en gran medida por el inestable balance de poder en las relaciones entre el Estado y los grupos económicos dominantes del empresariado, y por la capacidad de los/las consumidores/as de clase media, organizaciones de trabajo, movimientos sociales de base y las fracciones más débiles del capital urbano y rural para resistirse solidariamente a los enormes costes sociales que implica la debilidad del Estado. A pesar de la retórica antiestatista que prevalece en estas sociedades, el Estado ha de jugar un importante rol en este período de reformas rápidas, como mínimo para reforzar el equilibrio (muy dañado) de la sociedad.
Además de la cuestión de la fuerza y la capacidad del Estado, es necesario preguntarse cuáles son los requerimientos para una reforma neoliberal exitosa, es decir, una reforma con una sociedad democrática. El autor explica que la coexistencia de una reestructuración neoliberal y de un régimen democrático requiere, como mínimo, que el ejecutivo aglutine y después mantenga un apoyo estable de la mayoría parlamentaria para sus reformas prioritarias. En países donde se ha conseguido esto (y en aquellos donde las reformas no han tenido éxito), los programas neoliberales han acelerado las tendencias hacia la subordinación progresiva de las políticas públicas a la lógica del mercado, la privatización del poder estatal por la erosión de la autonomía de los políticos elegidos y de los partidos, y el fortalecimiento del poder estructural de los sectores líderes de la clase empresarial.
Las elites han apoyado al Estado cuando sus intereses eran coincidentes. Los sectores dominantes han utilizado consistentemente su posición privilegiada y su poder estructural para “subir la apuesta”, es decir, han presionado para que la lógica antiestatista se asocie a hechos concretos como, por ejemplo, la reducción del déficit fiscal, el fin de los controles de los precios, la introducción de un régimen cambiario favorable a sus intereses, la presión contra las organizaciones de trabajo, y para acabar, el fin de la intervención estatal en la conducción económica. Las instituciones multilaterales (FMI, Banco Mundial) y las presiones de los estados desarrollados legitiman este discurso y actúan para reforzar los ataques antiestatistas de las reformas económicas.
En resumen, el éxito de las reformas de mercado puede hacer que se reduzcan gradualmente las divisiones sociales tradicionales y puede conducir a un sistema partidario renovado que refleje los cambios sociales y los realineamientos económicos. Al contrario, el fracaso de éstas puede conducir a un catastrófico escenario de naufragio estatal que comprometa seriamente la capacidad del sector público para mantener la infraestructura esencial y satisfacer las necesidades básicas del segmento de la población más pobre. Análogamente, la reducción de la capacidad del Estado para regular el comportamiento de la economía privada puede promover mercados altamente concentrados y especulación financiera y, al mismo tiempo puede producir un crecimiento lento y errático.
Las sociedades latinoamericanas están acercándose a situaciones de profunda anomía social y a una disminución masiva de la participación ciudadana en el campo electoral y en los intereses convencionales de los grupos políticos. Debemos preguntarnos si hay una alternativa a esto menos costosa. La alternativa socialdemócrata (practicada con éxito en España) sería un ejemplo. A grandes rasgos, esta alternativa descansa en tres pilares básicos: una política social lanzada conjuntamente con las medidas de ajuste; un ajuste eficiente en cuanto a la minimización de los costes sociales y apuntando hacia el impulso del crecimiento; y programas de reformas diseñados e implementados como el resultado de la interacción política de organizaciones representativas en el marco de instituciones igualmente representativas.
La alternativa liberal, si bien puede tener éxito
en cuanto al restablecimiento del crecimiento, puede dificultar el establecimiento
de un compromiso de clase democrático, de base amplia y basado en
una extensa coordinación entre las elites estatales, los empresarios
y las organizaciones laborales. Su esta hipótesis es aproximadamente
correcta, entonces el orden político emergente, aunque liberal y
democrático, puede regir sobre sociedades fuertemente elitistas y
socialmente muy regresivas.