El discurso oficial del Gobierno de Zedillo está lleno de referencias al diálogo, a la paz y al respeto de los pueblos indígenas de México. Un importante nombre de ejemplos de este discurso se pueden encontrar en la sala de prensa (virtual) de la Presidencia del Gobierno de México . Estos comunicados también hacen referencia a las grandes inversiones públicas que está llevando a cabo el Estado para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes a través del Fondo Nacional de Empresas Sociales (FONAES).
Pero esta política de imagen contrasta con los hechos que relatan, no solamente los mismos zapatistas y las comunidades que sufren la fustigación del Ejército y los grupos paramilitares, sino también en las denuncias que hacen diferentes organismos de derechos humanos, entre estos algunos nada sospechosos como ahora el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (México: las guerras sucias del presidente Zedillo. Manuel Revuelta. Le Monde Diplomatique, junio de1998) o Amnistía Internacional (Informe de Amnistía Internacional sobre la situación en Chiapas, 15 de enero de 1998 ). Algunas informaciones periodísticas también explican algo diferente. Detrás del discurso oficial se esconde una guerra soterrada y silenciosa, olvidada por los grandes medios de comunicación, un proceso de militarización del Estado de Chiapas (aumento de la presencia militar y la activación de grupos paramilitares), que hacen que la situación en Chiapas camine hacia cualquier lugar menos hacia una salida pacífica y dialogada.
En octubre de 1994, la estrategia contrainsurgente de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en la Séptima Región Militar Mexicana (Chiapas) tenía, entre otros objetivos: "romper la relación de apoyo que hay entre la población y los transgresores de la ley" (se entiende el EZLN), y "organizar secretamente a ciertos sectores de la población civil; entre otros, ganaderos, pequeños propietarios e individuos caracterizados por un alto sentido patriótico, que serán utilizados para dar apoyo a nuestras operaciones" (México: las guerras sucias del presidente Zedillo. Manuel Revuelta. Le Monde Diplomatique, junio de1998). Esta estrategia recibió el nombre de "Plan de Campaña Chiapas 94", y se pudo al descubierto por la revista mexicana Proceso (núm. 1105, de 4 de enero de 1998). Esta misma revista aseguraba que la política de la SEDENA estaba encaminada a desplazar a las poblaciones que den apoyo a los zapatistas, considerados el principal elemento sostenedor del EZLN (apoyo alimentario, moral y político).
Desde 1994, la SEDENA ha construido más de 200 kilómetros de carreteras asfaltadas que penetran y cercan la zona donde se mueve el EZLN. El 5 de septiembre la SEDENA hacía pública la finalización de la carretera fronteriza del sur, que atraviesa la Selva Lacandona, paralela al río Lacandón, y que comunica Comitán con las zonas donde estén las bases de apoyo del EZLN. Según Le Monde Diplomatique, con esta carretera toda la zona donde se mueven los zapatistas está rodeada y es accesible, por diferentes puntos, en los modernos carros de combate que ha adquirido México en los últimos años (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI)
(Chiapas: inundaciones y guerras de baja intensidad con la iglesia al fondo. Manuel Revuelta. Le Monde Diplomatique, septiembre de 1998).
El aumento de la presencia militar y policial en el Estado de Chiapas en los últimos años ha sido espectacular. Según un informe de la CONAI (Comisión Nacional de Intermediación), "antes de febrero de 1995 se tenía conocimiento de 74 puntos geográficos con presencia de fuerzas militares y policiales. En agosto de 1997, estos puntos habían aumentado a 209..." (México: las guerras sucias del presidente Zedillo. Manuel Revuelta. Le Monde Diplomatique, junio de1998). Del mes de agosto de 1997 al mes de agosto de 1998, en nomás un año, los puntos con presencia militar pasaron de 209 a 239. El total de efectivos militares en el Estado de Chiapas varía según las informaciones, pero estaría entre los 60.000 y los 70.000 efectivos. También se han puesto en marcha programas de entrenamiento en el uso de armas, explosivos, "derechos humanos" y "psicología de movimientos sociales" para 4.500 policías. Y según las mismas informaciones, se ha anunciado la construcción de diez nuevos centros penitenciarios. El 10 de junio de 1998, el Ejército llevó a cabo una operación para desmantelar el municipio autónomo de San Juan de la Libertad (antes llamada El Bosque) y las comunidades de Chavajeval y Unión y Progreso. En esta operación participaron 1.200 militares. En la comunidad Unión y Progreso, la única donde estaban presentes los periodistas, murieron asesinados diez campesinos, los cuerpos de los cuales aparecieron tres días más tarde (Chiapas: inundaciones y guerras de baja intensidad con la iglesia al fondo. Manuel Revuelta. Le Monde Diplomatique, septiembre de 1998).
La fustigación de las comunidades por parte de las fuerzas de seguridad también parece evidente si hacemos caso de la información de los observadores de la organización mexicana Enlace Civil. Desde la comunidad de La Realidad dicen: "Desde el 30 de diciembre hasta el 11 de enero (1999), la fustigación militar ha sido continua, diariamente continúan pasando entre 35 y 40 vehículos militares entre tanques, blindados y lanzagranadas, carros con tropas armadas, policía militar (...). Continúan también los vuelos amenazadores de aviones y helicópteros militares, nomás se paran cuando llueve". La comunidad de Morelia (enero de 1999): "En esta comunidad los helicópteros sobrevuelan tres o cuatro veces al día, y a muy poca altura. Los días especiales, cuando hay asamblea, llegan a pasar hasta doce veces". El mismo relato aparece en las informaciones de las comunidades de Oventic y Roberto Barrios. Como se puede ver, la voluntad de paz y de diálogo del Gobierno de Zedillo no corresponde con la realidad que viven algunas comunidades indígenas del Estado de Chiapas.
El proceso de militarización que comenzó en México en 1994 se basa, según el informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos en la ley "que establece las bases de coordinación del sistema nacional de seguridad pública" de 1995. De esta manera, se legisla el establecimiento de un Consejo Nacional de Coordinación de Seguridad Pública que, a la práctica, ha supuesto la injerencia del Ejército en la esfera de la seguridad pública en tiempos de paz tanto en les zonas de conflicto (Chiapas, Guerrero) como en las zonas urbanas.
El abasto de la militarización de Chiapas no se ha de restringir únicamente en la acción de las Fuerzas Armadas, así se afirma en un artículo publicado por la ONG SERPAJ (Servicio de Paz y Justicia), también se habría de entender como militarización las aciones de las fuerzas armadas orientadas a la organización militar de parte de la población civil, y también las acciones de sectores de esta población en el ámbito político y armado.
Según Onésimo Hidalgo i Gustavo Castro autores de Militarización y paramilitarización en Chiapas, el ejército federal no podía, en 1997, actuar directamente contra el EZLN a causa del Decreto Gubernamental La ley de concordia y pacificación por una paz Justa y digna en Chiapas. En este Decreto, el Gobierno establece que la Procuraduría General de la República ha de suspender las órdenes de aprehensión y el ejército se compromete a no patrullar y no ejercer ningún tipo de presión contra los integrantes del EZLN. Pero según los autores, "el ejército se ha dedicado a preparar grupos de tipo paramilitar de carácter campesino e indígena, para atacar las bases de apoyo y simpatizantes de la organización rebelde además que comienza a introducir la prostitución, el alcoholismo, la drogadicción, entre otras cosas no menos graves". Los autores acusan a los Gobiernos federal y estatal, las presidencias municipales del PRI, militares, policías de seguridad pública, etc., del proceso de militarización que padece Chiapas y lo cual se denomina como una guerra de baja intensidad.
En opinión de Hidalgo y Castro, el proceso de militarización en Chiapas entre 1994 y 1996 atravesó cinco etapas. La primera de ellas se inicia el 1 de enero de 1994 y se militarizan las zonas Altos y Selva. Durante esta primera etapa se dan múltiples desplazamientos de población civil.
La segunda etapa se inicia el 10 de febrero de 1995 con la ocupación militar de comunidades que estaban bajo control del EZLN. Se producen nuevos desplazamientos de las comunidades de apoyo zapatista hacia las montañas. Es en esta etapa que se inicia, según los autores, la paramilitarización instigada por el Gobierno de los municipios de Tila, Sabanilla, Tumbalá y Salto de Agua. La militarización de Chiapas continúa y en este periodo se calcula que hay alrededor de 34.000 soldados del Ejército Mexicano en Chiapas.
La tercera etapa se inicia en agosto de 1995. Al ejército mexicano situado en Chiapas se le añade la Policía de Seguridad Pública (PSP) que según los autores "provoca choques entre las organizaciones, fortalece a los grupos paramilitares, incrementa el número de presos políticos indígenas, ..." y genera desplazamientos de población. En esta etapa, los enfrentamientos armados ya no se producirán tanto entre el EZLN y el ejército mexicano como entre los paramilitares y los simpatizantes zapatistas, perredistas, sociedad civil organizada y católicos.
La cuarta etapa se inicia en 1996, cuando el Ejército Popular Revolucionario (EPR) comienza a actuar en Chiapas. El proceso de militarización de Chiapas recibe un nuevo empuje y están por aquellos lugares donde se cree que actúa el EPR.
Finalmente, los autores identifican una última fase que tendría su inicio en mayo de 1997 (momento de las elecciones para renovar la Cámara de Diputados y Senadores, y también las presidencias de algunos estados). Durante esta última fase, los ataques del Ejército se han dirigido hacia un amplio abanico de personas y organizaciones, entre ellas: el obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, sacerdotes, ONG defensores de los derechos humanos, periodistas, abogados, organizaciones campesinos, extranjeros solidarios con luchas sociales, maestros, etc.
La militarización de la zona se puede apreciar en los mapas siguientes:
La paramilitarización. Interpretaciones diversas de su surgimiento y finalidad
Según Alfonso Torres, nombrado por Víctor Campa Mendoza, la paramilitarización es obra del Ejército mexicano, que le ha inspirado y alimentado económicamente. Según el autor, la razón por la cual Chiapas es propensa a la extensión de la paramilitarización es la existencia de una intensa xenofobia. Por otro lado, las actuaciones de los paramilitares está relacionada en parte con la propiedad de la tierra. Según Eric Wolf, mencionado por Campa Mendoza, "los paramilitares se han apropiado de las pertenencias de los desplazados y las han repartido entre el resto de la población no armada sin tierra que optó por no marchar, tanto por satisfacer a éstos como por legitimar el poder usurpado, además de hacer imposible el retorno indeseado de los desplazados". En muchas ocasiones, los paramilitares que han hecho huir a la población que habitaba y cultivaba ciertos terrenos ha vendido estos terrenos a otras personas, personas que se convierten en propietarios, pero que no han robado y que han invertido su trabajo y esfuerzo en la nueva tierra adquirida.
Según Fernando Ramírez Aguilar, también nombrado por Campa Mendoza, la paramilitarización proviene de los kaibiles de Guatemala. Los kaibiles forman parte de los que se denominan como a cuerpos de elite del Ejército de Guatemala, y surgieron en 1974 como un "agrupamiento militar contrainsurgente, y se han convertido en la mejor escuela en Latinoamérica para combatir la guerrilla". Según Ramírez, más de 50 militares mexicanos se han preparado con ellos desde 1994.
Organización y acciones de los paramilitares en Chiapas
Los grupos paramilitares en Chiapas tienen sus antecedentes, según un informe de 1996 del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en las llamadas guardias blancas que aparecieron entre 1958 y 1964 en el Estado. Las guardias blancas, contratadas por caciques y latifundistastrataron de ejercer, con más o menos éxito, cierto control sobre las tierras y sobre los indígenas campesinos que reclamaba algún derecho sobre éstas. Tanto los caciques como los terratenientes tienen estas guardias como cuerpos de policías particulares.
Los paramilitares de Chiapas han sido "interpretados como un grupo de civiles armados al margen de la ley que cometen actos delictivos para proteger intereses personales o caciquiles. Se identifican como grupos filiales al PRI, patrocinados por funcionarios públicos que desean mantener el control económico político y social a partir de mecanismos de terror paramilitar". Además, estos grupos paramilitares gozan de impunidad y de diferentes privilegios y cuentan con la connivencia de las fuerzas de seguridad pública.
En Chiapas, y según el informe mencionado se pueden distinguir entre guardias blancas y paramilitares. De manera que los primeros serían grupos de mercenarios armados al servicio de intereses de grandes terratenientes, y los que según serían "grupos de base surgidos del clientelismo y la coptación estatal como parte de una estrategia de control y faccionalización por la recuperación y el dominio de espacios políticos mediante la represión armada de las fuerzas democráticas". Nosotros los trataremos según.
Según un informe de febrero de 1998 realizado por los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Fray Bartolomé de las Casas, en Chiapas, los grupos paramilitares se organizan bajo estructuras policíacas y militares, y actúan de forma colectiva. Según recoge el informe, su composición es variada: campesinos, indígenas, caciques y terratenientes afiliados al PRI, etc. Se afirma que los grupos paramilitares son entrenados por militares y exmilitares, y se confirma la unión entre paramilitares y fuerzas militares, de retruque, la presencia o conocimiento tanto desde el punto de vista estatal como federal de estos grupos. De hecho, en el informe se acusa directamente estas instancias de lo que se nombra como una guerra de baja intensidad: "Mediante la creación y apoyo a los grupos paramilitares, el Gobierno pretende generar el miedo en la gente, de suerte que acepten la militarización como una medida necesaria de protección, al mismo tiempo que se deteriora el tejido social y se impide, con eso, cualquier oposición organizada a las políticas oficiales".
Las posiciones de los Gobiernos federal y del Estado de Chiapas parecen favorecer a los paramilitares. De esta manera, el diputado federal Gilberto López y Rivas , que en el momento de realización del informe (30 de abril de 1999) era presidente de turno de la Comisión de Concordia y Pacificación, afirma que "en cuenta de acabar con esta impunidad (la de los paramilitares) el Gobierno de Chiapas que encabeza el Gobernador interino Roberto Albores Guillén pretende aplicar una Ley de Amnistía que, a la práctica, equivaldría al perdón de los crímenes y la evasión de la responsabilidad de los integrantes de estos grupos armados. En la situación actual del Estado, en la cual las guardias blancas y los grupos paramilitares no han estado desarmados ni sometidos a juicio por los múltiples crímenes cometidos, la amnistía nomás agrava las condiciones que hacen posibles los brotes de violencia".
A su vez, los paramilitares actúan con total impunidad y sirven, en muchas ocasiones, como una vanguardia de las fuerzas regulares mexicanas. Las relaciones entre el ejército mexicano y grupos paramilitares se hace evidente en la denuncia del diputado Gilberto López y Rivas , en la cual se afirma que hay reuniones documentadas entre jefes militares y organizaciones de base de grupos paramilitares, y jefes militares y organizaciones rivales de bases de el EZLN.
Por otro lado, los componentes de los grupos paramilitares reciben beneficios tales como, según los mencionados informes de los centres de derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas y Miguel Agustín Pro Juárez , salarios, armas, uniformes o ventajas políticas. Asimismo, los grupos paramilitares pueden actuar en alianza con otros grupos. Los grupos aliados a los paramilitares detectados en Chiapas son "grupos religiosos libres, empresarios, transportistas, periodistas, maestros miembros de SOCAMA (Solidaridad Campesino Magisterial) y propietarios de fincas". En el informe se denuncia qué grupos paramilitares acompañados de miembros de la Policía de Seguridad Pública han atacado población civil y simpatizantes zapatistas.
En el mismo informe se acusa directamente a las autoridades del Estado de Chiapas de ser las responsables de la masacre de Acteal. Según el informe, Felipe Vázquez Espinosa, director regional de la Policía de Seguridad Pública, declaró: "Mis instrucciones eran verificar si las persones que llevaban armas pertenecen o no al PRI, y en el caso que fuesen militantes del PRI, había de dejarlos libres". A su vez, el Gobierno federal ha actuado en una línea muy concreta y ha favorecido el desarmamento de los grupos armados de apoyo o simpatizantes de los zapatistas, pero no ha favorecido el desarmamento de los grupos paramilitares. En muchas ocasiones, tal como se señala en el informe, la consecuencia más directa de esta actuación es el incremento de los refugiados internos, sobre todo, en la zona de Los Altos de Chiapas.
Por su parte, el informe del diputado Gilberto López y Rivas define a los paramilitares como la fuerza contrainsurgente por excelencia en Chiapas. Mientras el ejército mexicano se dedica a cuestiones de tipo guerra psicológica, guerra electrónica y demostraciones de fuerza, los paramilitares se ocupan de las acciones armadas y directas contra el EZLN, sus bases de apoyo y la población civil. Según este informe, los paramilitares serían el resultado de la necesidad tanto del Gobierno federal como estatal de equilibrar fuerzas respecto al EZLN. Los paramilitares jugarían el papel que los militares no podían jugar, ya que el ejército mexicano había sufrido un grave desprestigio en el ámbito nacional e internacional por sus violentas actuaciones. Se afirman a un mismo tiempo las relaciones entre paramilitares y militares, de manera que según el informe de López "hay evidencias que permiten inferir vínculos entre el ejército y los grupos paramilitares". En estas se demuestran que el uso de paramilitares está previsto en la estrategia militar aplicada en Chiapas.
El Gobierno estatal y federal reconoce según el informe presentado por López y Rivas la existencia de grupos de civiles armados con armas de alto poder, uniformados, organizados y equipados como si fueran un ejército y que cometen agresiones en contra de comunidades indígenas y organizaciones sociales. "La violencia que los caracteriza se dirige principalmente contra civiles desarmados a los cuales atribuyen una filiación política de oposición o simpatías con el EZLN". Según el informe, los grupos paramilitares denunciados de manera reiterada han sido:
Máscara Roja (grupo considerado como responsable de la matanza de Acteal , Los Puñales o Frente Cívico Luis Donaldo Colosio.
La "Escuela de las Américas" (School of the America's, SOA) del Ejército de los EUA nació en1946 como "US Army Latin American Training Center" (Centre de Entrenamiento Latinoamericano del Ejército de los EUA) con sede en Panamá. En un primer momento (en la década de los 50), la lucha contrainsurgente no era el centro de sus actividades. Los entrenamientos en la lucha contrainsurgente de militares latinoamericanos no se desarrolló hasta la llegada de J. F. Kennedy a la Casa Blanca (1961). En la década de los 50 era la CIA la encargada de llevar a cabo la guerra sucia contra cualquiera que pusiera en cuestión el orden establecido (no era necesario ser miembro de una guerrilla revolucionaria para ser un objetivo de los EUA). En un documente de la CIA, desclasificado recientemente, aparecía un manual de aquella época llamado Estudio del asesinato. En este manual se daban una serie de recomendaciones, consejos e instrumentos para los "chicos de la CIA". "El manual es un catálogo útil de consejos e instrumentos. Algunas de las sugerencias eran: la utilización de instrumentos contundentes, afilados, caídas de 75 pies sobre una superficie dura, accidentes de coche planificados, fusiles, incendios provocados y explosivos. En la última parte aparecía un diagrama, "la técnica del aula de reunión", que no hacía referencia a como conducir una reunión, sino a como entrar y matar a todos, dejando detrás pruebas para implicar a los opositores ". En aquel manual también podemos encontrar consejos para la defensa de la democracia, como por ejemplo: "Puede ser necesario asesinar un líder político con una carrera ascendente, si este representa un peligro claro para la causa de la libertad", o "el accidento más eficiente en un asesinato simple es una caída en una superficie sólida desde 75 pies o más. Sirven ascensores, escaleras, ventanas y puentes, aunque las caídas al agua no son fiables" (Textbook Repression: US Training Manuals Desclassified, Lisa Haugard. Revista Covert Action Quartely, núm. 61, verano de 1997). Con estos consejos nos podemos hacer una idea de la práctica y la particular visión de la "democracia" y la "libertad" de la Administración de los EUA y de su brazo ejecutor en aquellos años (50-60).
Al final de la década de los 50 y principio de la década de los 60, una serie de acontecimientos hicieron replantar la política y los cursos de la SOA. La victoria y la consolidación de la revolución cubana puso de manifestó que los oficiales cubanos (miles de ellos preparados por la SOA) no pudieron hacer frente a la guerrilla de Fidel Castro y del Che Guevara. La derrota francesa en Argelia, el estallido de las luchas revolucionarias en Colombia y en Venezuela, pusieron de manifiesto que la estratagema de defensa contra un enemigo exterior no era válida cuando el enemigo provenía del interior.
El presidente Kenedy replanteó los cursos de la SOA (que pasó a llamarse Escuela de las Américas durante su administración, en 1963). Los nuevos cursos estaban diseñados para hacer frente a la "guerra de guerrillas", cursos denominados de seguridad interna: contrainsurgencia, contrainteligencia, inteligencia militar, guerra irregular y operaciones de selva.
A la década de los 60, la CIA continuó con su prolífica creación de manuales. Por ejemplo, KUBARK Contraintelligence Interrogation - 1963 (KUBARK Interrogación de contrainteligencia), que sirvió de base en los estudios y entrenamientos que llevaban a cabo en la SOA. Este sirvió de base para la creación del manual Human Resource Exploitation Traning Manual - 1983, HRET-83 (Manual de Entrenamiento en la Explotación de Fuentes Humanas), que ha sido utilizado por la CIA hasta el 1995. No entraremos más a describir las enseñanzas de la SOA, tan solo reproduciremos las palabras de un militar de Honduras graduado en la SOA (extractos de un documental de Robert Richter, Dentro de la Escuela de Asesinos), un ejemplo: "La Escuela siempre fue un frente para otras operaciones especiales, operaciones clandestinas. Ellos (los norteamericanos) llevaban gente de la calle (pobres, sin techo) a la base y los expertos nos entrenaban como obtener información utilizando la tortura. Fuimos entrenados para torturar seres humanos. Ellos tenían un médico, un médico de los EUA, que se dedicaba a enseñar a los estudiantes las partes del cuerpo donde se podía torturar para obtener información sin causar la muerte al detenido". Para ver más información respecto de estos manuales y sus enseñanzas en el arte de la tortura, podéis consultar Investigación Especial. "Campus México" de la Escuela de Asesinos, Nuevo Amanecer Press - Europa, 29 de marzo de 1998.
También la teología de la liberación tuvo una presencia importante en los cursos de la SOA. La existencia de un curso titulado La Iglesia en América Latina, encaminada a enseñar los peligros de la Teología de la Liberación, lo demuestra. El artículo de la revista Proceso, que hizo público el "Plan de Campaña Chiapas 94", afirma que el encargado de hacer el análisis histórico, sociológico, económico, político y religioso del conflicto, era el General José Juan Rivas Peña, destinado en la 23a zona militar junto con otros graduados en la SOA. En este informe, Rivas Peña afirmaba: "no es hasta a la llegada del obispo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz García, cuando los valores tradicionales comienzan a ser trastocados con la intención, en principio, de dignificarlos, llevarlos de su ignorancia, pobreza y marginación. Lamentablemente, esta modificación de los valores indígenas fueron influidos bien pronto por los teólogos de la liberación (...). El Vaticano es el causante indirecto del conflicto de Chiapas, teniendo como patrocinador directo la corriente contaminada de la teología de la liberación en México, apoyados por sus homólogos latinoamericanos y por la mayoría del clero católico nacional, utilizando como ejecutores: organizaciones socialistas y políticas, mafias y grupos descontentos con el Gobierno" (revista Proceso, núm. 1105, de 4 de enero de 1998). No es la primera vez que alumnos de la SOA acusan a sector de la Iglesia católica de fomentar la insurgencia. Fueron graduados por la SOA los que asesinaron al obispo salvadoreño Óscar Romero en 1980 (concretamente miembros de un Escuadrón de la Muerte llamado ORDEN), y recordemos el atentado que sufrió el mismo obispo Samuel Ruiz en noviembre de 1997, perpetrado por el grupo paramilitar Paz y Justicia.
Al final de los años 70, la SOA disminuyó su actividad. El presidente Jimmy Carter recortó el dinero que se destinaba a la SOA, en un intento de poner énfasis en los derechos humanos y por las informaciones que denunciaban que muchas de las violaciones de los derechos humanos en Latinoamérica eran realizadas por graduados de esta escuela. En 1980, esta política varió diametralmente con la llegada a la presidencia de Ronald Reagan. En 1984, bajo la presidencia de Ronald Reagan, la escuela se traslada a Fort Benning, Geòrgia, donde hoy día todavía está ubicada. Después de dejar Panamá, el diario panameño La Prensa, bautizó esta escuela con el nombre de Escuela de Asesinos, y el presidente Jorge Illueca dijo que la SOA era "la base más grande de desestabilización de América Latina". En la década de los 90, la Investigación llevada a cabo por la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas sobre las violaciones de los derechos humanos durante la guerra en El Salvador, demostró que 47 de los 67 oficias del Ejército salvadoreño acusados de asesinatos, violaciones y torturas eran graduados por la Escuela de las Américas (School of the America's, SOA). En la actualidad, miles de persones se están organizando en América Latina y en los Estados Unidos para cerrar la SOA.
Los primeros militares mexicanos llegaron a la SOA en 1953. Recibieron instrucción en el uso de la artillería, tácticas de infantería, policía militar, ingeniería, etc., pero no en la lucha contrainsurgente. Aún quedaban muchos años para que se instaurara la doctrina de la guerra de baja intensidad y para que la amenaza insurgente se manifestara en forma de levantamiento zapatista en Chiapas. En los años 70 la colaboración entre la SOA y México aumentó considerablemente. Durante los años 60 (1961-1970) los oficiales mexicanos asistieron a 75 cursos, en la década de los 70 (1971-1980) el número de cursos aumentó hasta 197. Muchos de los alumnos mexicanos de la SOA en la década de los 70 tienen hoy día cargos importantes en la lucha contrainsurgente en México y, en concreto, en la lucha contra el EZLN en Chiapas y contra el Ejército Popular Revolucionario (EPR) en el Estado de Guerrero. En la década de los 80, la colaboración continuó aumentando, los cursos en que participaron militares mexicanos fueron 533. Hemos de tener en cuenta que también la oferta aumentó gracias al presidente Ronald Reagan. Per es en la década de los 90 cuando México pasa de ser uno de los países de América Latina que menos alumnos aportaba a ser el primero de la lista. Hasta 1997, los cursos realizados por militares mexicanos fueron 533 (más que en toda la década anterior). El punto de inflexión lo encontramos, es claro, en el año 1994, coincidiendo con el levantamiento del EZLN en Chiapas. De los 15 cursos en que tomaron parte militares mexicanos en 1994, se pasa, en 1997 a 333 cursos. 102 de inteligencia militar, 15 de operaciones psicológicas, 10 de operaciones cívicomilitares y 108 de entrenamiento.